Ser desahuciado de tu vivienda en pleno mes de julio con tres hijos a tu cargo, de ocho, diez y 18 años, y dos mascotas es mucho más que un drama en Ibiza.
Así lo denuncia una familia ibicenca afectada por un inminente desalojo, que, además, está pasando por un momento de precariedad económica y que no se ha sentido bien atendida por el abogado de oficio que les ha tocado en su caso.
Todo comenzó en 2021, cuando les echaron de la vivienda que tenían alquilada en Sa Carroca, en Sant Jordi (municipio de Sant Josep). Pagaban 900 euros al mes, pero, al fallecer la que era propietaria en usufructo de la vivienda, tuvieron que irse porque los herederos querían vender la vivienda.
Se quedaron en la calle. Vivieron de manera muy precaria, con toda la familia desperdigada en habitaciones sueltas, y luego en un pequeño estudio, hasta que encontraron una oportunidad en un piso ubicado en una urbanización de Cala Tarida.
Entraron en octubre de 2022 con un contrato verbal con la propietaria, una mujer italiana que, por problemas económicos, dejó de pagar la hipoteca de la vivienda.
El piso pasó entonces a ser propiedad del banco en el que había firmado la hipoteca y, posteriormente, en 2023, de un fondo buitre llamado Treamen Investments II S.L.U.
La pareja supo que el fondo lo puso en venta y que ahora es propiedad de una particular. Por la información que tienen, la hipoteca original era de unos 485.000 euros pero fue vendido por 200.000 euros menos.
Primero, el fondo buitre les envió una demanda por ocupación. “Fuimos a juicio y la parte del fondo buitre ni se presentó y quedamos absueltos”, explican.
Ahora afirman que han ido a por ellos por no pagar el alquiler. Admiten que dejaron de pagar a la propietaria cuando les dijo que le habían quitado la casa y que nunca llegaron a pagar el alquiler al fondo buitre porque no se lo reclamaron.
Todo estos hechos se suman a una situación económica precaria porque ella trabaja sin contrato y cobrando en ‘b’ y él ha tenido graves problemas de salud que también le han condicionado laboralmente, según explica.
Además, denuncian que se han sentido desatendidos y casi ignorados por el abogado del turno de oficio que les ha tocado. “Creo que tenemos derecho a presentar un informe de vulnerabilidad o a interponer recursos, pero el abogado simplemente nos ha enviado un Whatsapp en el que nos aconseja irnos un día antes del que marca la orden de lanzamiento “para evitar problemas”. Le hemos pedido toda la documentación que ha presentado por escrito pero no nos envía nada. No tenemos nada. Queremos cambiar de abogado pero no sabemos si estamos a tiempo y, sobre todo, no tenemos la documentación presentada a pesar de que la hemos pedido”, añaden en conversación con este medio.
La familia no ha querido aparecer en fotografías ni indicar exactamente su domicilio para no dañar a sus hijos menores de edad.